Ciudad de México.- La figura de gobiernos de coalición definió el debate de este martes en la Asamblea Constituyente, una modalidad de mandato para esta ciudad que los diputados constituyentes aprobaron con 69 votos a favor y nueve en contra.
El artículo 39 deja establecido que los futuros mandatarios locales tendrán la opción de crear gobiernos de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso local, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática.
Durante el debate, los constituyentes que votaron a favor subrayaron que la creación de esas figuras de gobierno no será obligatoria para el mandatario en turno, y se precisó que el o la titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete de coalición.
Se estableció que en el registro de una coalición electoral, los partidos deberán registrar una plataforma y podrán convenir optar por la integración de coaliciones, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de gobierno resulte electa.
Sobre el comportamiento que tendrá el Congreso local frente a ese gobierno coaligado, en el artículo 39 se agregó que los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.
En las negociaciones de los grupos parlamentarios, para construir la redacción de ese artículo, los diputados comenzaron temprano, en particular el legislador del PAN, Santiago Taboada, quien desde el mediodía y antes de que iniciara la sesión del Pleno se acercaba a legisladores de otras bancadas.
Afuera de la casona de Xicoténcatl, Taboada mantenía un diálogo intenso con los perredistas Jesús Valencia y Roberto López.
Una vez que empezó la sesión, el panista mantuvo su cabildeo, pero siempre del lado del PRD. Se acercó con Dolores Padierna, Lol Kin Castañeda, Roberto López y hasta con el Consejero Jurídico, Manuel Granados, cuya presencia se comienza a hacer costumbre en el Pleno del órgano legislativo, con todo y que el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, consideraba que no era adecuada la presencia del funcionario en el salón de sesiones.
Taboada iba y venía por el Pleno. Regresaba a su bancada y luego volvía con los perredistas, siempre papeles en mano. En medio de un receso no declarado por el presidente de la Mesa Directiva, pues los trabajos del Pleno se suspendieron, Taboada dialogaba entre curules con diputados del PRD y de Morena. Estos últimos, en voz de Jesús Ramírez habían presentado una reserva al artículo.
Después de 15 minutos, lograron una redacción de consenso que eliminaba cuatro numerales del dictamen original, entre ellos uno que establecía la posibilidad de que el Congreso local pudiera ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a la totalidad del gabinete de coalición, así como ratificarlos.
¿Desdibujar un proyecto de nación?
De entre los legisladores que subieron a hablar en contra del acuerdo alcanzado por las bancadas, la diputada de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, le dio un sesgo electoral a los argumentos y con ello elevó los ánimos de algunos en la bancada del PRI.
Ruiz Anchondo lamentó hablar en contra cuando minutos antes, el coordinador de su bancada, Bernardo Bátiz, subió a tribuna a posicionar a favor.
La de Morena expuso que cada partido político representa proyectos y plataformas diferentes. Dijo entonces que en octubre del año pasado, Manlio Fabio Beltrones acudió a un foro organizado por una corriente del PRD denominada “los galileos”, en donde el ex presidente nacional del PRI habló de gobiernos de coalición justo en los términos en los que se presentó la reserva promovida y cabildeada por el panista Taboada.
Desde su curul, la diputada del PRI, Esther Scherman, interrumpía a Patricia Ruiz. Le gritaba que no era cierto lo que decía. Manoteaba y negaba agitando los brazos.
La de Morena no se amilanó y exigió respeto porque estaba en el uso de la palabra.
Con la referencia a lo supuestamente dicho por Beltrones en octubre pasado, consideró que en la ciudad se pretende construir un gobierno de coalición que sea contrapeso de Morena, pues aseguró que ese grupo político ganará las elecciones en la capital del país en 2018.
“Quieren desdibujar un nuevo proyecto de nación”, acusó Ruiz Anchondo, en medios de algunos abucheos y de reflexionen que se hacían por lo bajo que apuntaban a la complicidad de diputados de Morena en la supuesta intentona de descarrilar ese proyecto, como Bernardo Bátiz, que votó a favor de las coaliciones.
De las voces que también se manifestaron en contra de esa figura de gobierno, Porfirio Muñoz Ledo dijo que, quienes promovieron el Pacto por México deberían estar felices, pues un gobierno de coalición evita el pactismo entre partidos, clarifica la relación entre estos y hace transparente la vida política.
“Para que sea limpia la vida pública tiene que haber gobierno y tiene que haber oposición”, sentenció Muñoz Ledo.
Fue el turno de Bernardo Bátiz, quien destacaba que esta propuesta se construyó “al pie de la montaña”. La montaña le dicen a la sección de curules que ocupan los legisladores de Morena, porque se localizan en la parte más alta del salón de sesiones.
“Estoy a favor de esta propuesta que se construyó allá al pie de la montaña, no sólo por eso, sino porque resuelve una propuesta anterior que era imprecisa y que en algunos de sus párrafos estaba encaminada a ponerle obstáculos a cualquiera que fuera el Jefe de Gobierno en el futuro.
La propuesta que estamos haciendo es que puede hacerlo formando una coalición abierta, no es el Pacto por México que nadie supo de él, sino hasta que se da a la luz una vez ya formado, llegado al poder el titular del Ejecutivo, eso es otra cosa. Esto es abierto, se va a discutir, se va a presentar ante el Congreso”, explicó Bátiz.
El promovente de la reserva, Santiago Taboada, consideraba fundamental que el elemento de una plataforma común, el elemento de un compromiso que irá de la mano de un convenio “nos dará la
oportunidad de, como bien decía el Diputado Miguel Ángel (Velázquez), no verle la cara a la gente, decirle con claridad en este primer momento hacia dónde queremos gobernar porque ya lo establece la Constitución, que en cualquier momento se podrá optar por un gobierno de coalición”, exponía.
Y es que al arranque de este debate, el periodista y diputado de la bancada Constitucionalista, Miguel Ángel Velázquez, acusaba que un gobierno de coalición alimenta el caos político, pedirle a la democracia que se suicide y traicionar el mandato de las urnas.
Velázquez cuestionó por qué, si a final de cuentas el elector decide tomar camino ideológico con su voto, los mandatarios tendrían que traicionarlo con el gobierno de coalición.
De la bancada Constitucionalista también subió a tribuna la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, pero lo hizo para oponerse al primer párrafo del artículo 39, en el cual se le daban atribuciones al Congreso de la Ciudad para solicitar información, mediante pregunta parlamentaria, a todos los poderes de la capital del país, lo que propiciaría una intromisión indebida, en grado de subordinación, hacia el poder judicial.
“Esta intromisión es en grado de subordinación concretamente al Poder Judicial, que no tiene obligación constitucional alguna de comparecer en los términos de este numeral 1, del apartado A, ante el Congreso de la ciudad. Pienso entonces que una cosa es la atribución del Congreso para solicitar esta información, y otra muy distinta es la obligación constitucional de los órganos como se estableció en los órganos constitucionales autónomos, o del Poder Ejecutivo cuando rinde su informe”, agregó Sánchez Cordero.
La observación de la ministra generó que se presentara una reserva para modificar ese párrafo. Se eliminó la palabra “poderes” y se dejó la atribución del Congreso para solicitar información pero al poder Ejecutivo.
Nombrar al jefe de la policía
El artículo 37 aprobado también este día, define que el titular de la Jefatura de Gobierno podrá nombrar y remover libremente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que esta atribución dejó de pertenecer al presidente de la República.
Este artículo se titula “De la Jefatura de Gobierno”. En el mismo quedó establecido que para ser mandatario local, el asipirante no deberá ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes del inicio del proceso electoral local correspondiente.
Tampoco deberá ocupar una senaduría, una diputación local o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos seis meses antes de la jornada electoral local.
No se podrán registrar como candidato quienes sean ministros de culto religioso, a menos que hubieran dejado de serlo cinco años antes; y en caso de haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, deberán pasar tres años.
Por mandato constitucional establecido también en el artículo 37, el jefe de Gobierno deberá realizar investigaciones apropiadas para proponer al gobierno federal políticas de recuperación de los salarios mínimos históricos de las y los trabajadores de la Ciudad de México. Por otra parte, deberá Informar de manera permanente y completa mediante el Sistema de Gobierno Abierto.
Se aprobó también el artículo 38, sobre la administración pública de la Ciudad de México, la cual será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal y gobierno abierto. Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano.
Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.
